Todos conocemos el modelo norteamericano de vigilancia y protección que se aplica en los institutos y universidades de ese país. Ya sea mediante las películas, series de televisión o porque lo hemos podido ver de cerca, el público español está familiarizado con los “Officer Security” que prestan sus servicios armados dentro de los centros educativos, incluso apoyados con escáneres en las entradas de estos, además de CCTV.
Es evidente que las sociedades americanas y españolas son totalmente diferentes en la mayoría de los aspectos, pero sobre todo en lo que corresponde al acceso a las armas de fuego (recordemos que en EEUU es un derecho fundamental de su constitución), es donde la diferencias culturales se acentúan.
También es evidente que las brechas sociales de la ciudadanía de los dos países son diversas y que el estado del bienestar español o europeo está a años luz del que tienen en Estados Unidos, en donde la pobreza está más presente en el día a día. Este es el motivo principal por el cual la violencia en los guetos de las grandes ciudades se traslada en multitud de ocasiones de la calle a los centros de educación, de ahí que muchos institutos contraten su propia seguridad.
Pero eso pasa en los Estados Unidos de América, ¿y en España?
En España el acceso a las armas de fuego está muy restringido y controlado, casos como el del Instituto Columbine, en Colorado, donde se asesinaron a 15 personas (13 alumnos y 2 profesores) no suceden.
Pero hay otras problemáticas asociadas con la violencia
Según la Asociación Nacional de Profesores Estatales (ANPE), en el pasado curso 2015/2016, aumentó el acoso por parte de alumnos y padres a los profesores. Este acoso que va en aumento año tras año se debe en primera instancia a una falta de valores de los progenitores, además del avance de las tecnologías de la información, como el WhatsApp, que provocan ciberbullying, conocido de sobras porque entre los alumnos es una “actividad” también, en aumento y sumamente grave.
Los últimos datos sobre acoso escolar en España están fechados en el 2015, en el cual la Fundación ANAR alerta de una subida del 75% con respecto al año anterior con un dato alarmante, el bullying se inicia a una edad muy temprana, a los siete años.
Con estos datos en la mano la conclusión es fácil, hay más agresiones hacia los profesionales y hay más acoso psicológico entre los alumnos.
En el instituto Joan Brudieu de La Seu d’Urgell (Cataluña) instalaron cámaras de videovigiancia en el exterior del recinto. Esta medida que fue concebida para evitar la rotura del mobiliario, poco a poco se fue extendiendo hacia la colocación de más cámaras, primero en las aulas de informática y del laboratorio, posteriormente en los pasillos y en el patio, finalmente se instalaron cámaras de vigilancia dentro de una aula con alumnos conflictivos, de esta manera el Instituto Joan Brudieu se aproximó al sistema de seguridad estadounidense y se convirtió en un centro de educación pionero en el estado español (pocos más han incorporado sistemas de CCTV en las aulas), abriendo debates nuevos e interesantes.
¿Es útil la videovigilancia en las aulas?
¿Podría un director o la administración pública “fiscalizar” a un profesor –como enseña- mediante las grabaciones?
¿Los padres podrían exigir ver el contenido de las cámaras?
¿Es compatible la enseñanza humanista con un sistema de videovigilancia en las aulas, que puede representar justamente lo contrario?
¿Nuestra sociedad esta tan enferma que ya ha llegada o este punto? ¿La videovigilancia resolvería la problemática del acoso escolar?
En cualquier caso el Ministerio de Educación deja al criterio de los centros el utilizar o no los sistemas de videovigilancia. El único requisito es que cumplan con la Ley de Protección de Datos, que establece que la vigilancia ha de ser “legítima, proporcionada y necesaria”.
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Acerca del autor…
Daniel Saavedra
Director y Jefe de Seguridad (TIP: 13.022 y 6.708)
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