La seguridad en joyerías será más eficiente. Ésta es la conclusión obtenida tras la reunión entre la Policía y el gremio de joyeros, y que ha concluido con un acuerdo por el cual los servicios de seguridad revisarán cada local de manera exhaustiva.
Y es que la oleada de asaltos que sufre en la actualidad el sector joyero de Valencia ha provocado un acuerdo entre Policía y empresas que supondrá una mejora eficiente en la seguridad de las joyerías.
La delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, ha presidido el encuentro y ha anunciado la puesta en marcha de un plan para prevenir los robos en la provincia de Valencia. Entre las medidas acordadas, que comenzarán a aplicarse desde ya mismo, destaca la elaboración inmediata de un censo de joyerías para inspeccionarlas y mejorar sus sistemas de alarma, y la creación de un grupo de policías nacionales que asesorarán a los joyeros sobre la normativa de seguridad.
Tras la reunión celebrada entre Policía y gremio de joyeros, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia, Rafael Torres, ha manifestado su satisfacción por las actuaciones policiales previstas y la predisposición que han mostrado los asistentes al encuentro para aunar esfuerzos y buscar soluciones. «Nosotros somos los primeros que tenemos que cumplir la normativa de seguridad para proteger nuestros negocios, y trabajaremos codo con codo con la policía para lograrlo», afirma Torres.
Respecto a las inspecciones que la policía realizará en los establecimientos, el presidente de los comerciantes del centro de Valencia ha matizado que el fin de las mismas no es sancionar, sino asesorar al joyero «sobre los sistemas de alarma, los puntos débiles en la seguridad de su local y otras circunstancias que ayuden a prevenir los robos».
A la reunión con la delegada del Gobierno también han acudido el presidente y el secretario del Gremio de Joyeros y Plateros de Valencia, Antonio Romero y Fernando Martínez, respectivamente; el presidente de los mayoristas de joyería de la provincia, Antoni Mora; una representante de la empresa de alarmas Chillida, Maite Cuesta; y el jefe de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial de la Policía Nacional de Valencia, el comisario José Antonio Navarro.
Antonio Romero ha valorado el interés que ha mostrado tanto la delegada del Gobierno como el mando policial por atender las inquietudes del gremio de joyeros para dar seguridad al sector y a la sociedad en su conjunto. «Han puesto especial énfasis en la interacción de unos con otros», explica el presidente del Gremio de Joyeros y Plateros de Valencia. «El objetivo es reforzar la prevención y actuar de forma coordinada para frenar los robos», añade Romero.
Otra de las medidas que se han acordado en la cita es ampliar las funciones de la policía con «labores de información preventiva en el entorno de los establecimientos, como vecinos o comercios cercanos», según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno. “Las bandas de butroneros cometen la mayoría de los robos después de colarse en un local contiguo, el patio de un edificio o un garaje. Luego abren uno o varios agujeros en paredes medianeras hasta que logran su objetivo: desvalijar una joyería o reventar la caja fuerte de otro negocio. Cualquier ruido o sospecha puede poner en alerta a la policía y frustrar un asalto”.
La delegada del Gobierno también se ha ofrecido para trasladar al Ministerio de Justicia las propuestas de los comerciantes para el anteproyecto de reforma del Código Penal. «Estamos preparando un informe jurídico en el ámbito de los delitos contra el patrimonio para que el robo con butrón se considere un robo con violencia y se castigue con una pena mayor», asevera el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. Asimismo, Sánchez de León compromete a mantener cauces de comunicación continuos, entre los joyeros y la policía, que faciliten «la información bidireccional con teléfonos de contacto las 24 horas y reuniones regulares a nivel provincial».
Otro asunto que preocupa a los comerciantes es el último reglamento de seguridad privada -aprobado por el Gobierno-, que establece unas condiciones y circunstancias para que las centrales de alarma avisen a la Policía Nacional o a la Guardia Civil.
A día de hoy tienen que activarse de forma sucesiva tres o más señales procedentes de elementos de detección diferentes de los sistemas de seguridad del establecimiento, y en un espacio de tiempo -que nunca superará los 30 minutos- en función de la superficie o características arquitectónicas del inmueble. De esta forma se evita que la policía pierda el tiempo, como sucedía años atrás, al acudir al local cada vez que se disparaba la alarma por una incidencia que no era delictiva.