En los últimos años han proliferado las apps que informan en tiempo real de la situación del tráfico, indican el mejor recorrido e incluso avisan de atascos y accidentes. Pero algunas cuentan con funciones menos inocentes para avisar de la presencia de controles policiales y patrullas como Waze o SocialDrive. Esto ha levantado ampollas entre los agentes de la ley hasta el punto de dudar de su legalidad.
Una de estas aplicaciones es Waze, propiedad de Google. A través de una simpática interfaz, permite descubrir atajos, evitar embotellamientos y hasta descubrir las gasolineras más baratas. Pero también sirve para avisar de la presencia de policía, e incluso informar de si los agentes se encuentran a la vista o no.
Es esta última característica la que ha enfurecido a los departamentos de policía de algunas ciudades estadounidenses, que temen que la plataforma se convierta en una vía para acosar a las fuerzas de seguridad. Según algunos portavoces, Waze podría poner en riesgo la seguridad de los antes por extensión de los ciudadanos.
Varios departamentos de policía estadounidenses han alertado del riesgo de que esta aplicación se convierta en una plataforma para acosar a las fuerzas de seguridad. Según sus portavoces, colocar en el mapa a los policías también se podría poner en riesgo la seguridad del público. Hasta el punto de asegurar que sólo es cuestión de tiempo para que haya un ataque.
Desde Google han defendido su creación, que consideran positiva: “La mayoría de los usuarios conduce con más precaución cuando creen que hay policía cerca”, aseguraba la portavoz de Waze Juli Mossler.
El uso –y preocupación– por estas aplicaciones no es exclusivo de América. Fuentes policiales aseguran a Teknautas que son bien conscientes de la existencia de Waze y, sobre todo, de Social Drive. Esta app española está todavía más centrada en advertir de la presencia policial en forma de controles o radares móviles, algo que no ha gustado demasiado a los agentes.
A pesar de todo, según explica el abogado especialista en derecho de internet Joaquín Muñoz a Teknautas, estas aplicaciones estarían de momento en una especie de limbo legal. “No existe ningún artículo al respecto en la normativa vigente salvo quizá el 26”, asegura.
El experto señala, no obstante, que si se aprueba el proyecto de ley de protección de la seguridad ciudadana, compartir esta información sería ilegal. De hecho, “el usuario podría ser sancionado con una multa de hasta 30.000 euros, según el grado de la infracción”.
Y es que el artículo 36.4 de este proyecto de ley tipifica como grave la obstrucción a las autoridades en el ejercicio de sus funciones:
“Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de 32 acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito”.
Muñoz considera que, una vez que la ley esté vigente, el artículo 36.4 podría aplicarse para este tipo de servicios. Al informar de la localización de los agentes se estaría obstruyendo con el trabajo policial, independientemente de que se tratara de un control de alcoholemia o de búsqueda de drogas.
Facilitar delitos de forma involuntaria
Informar a otros usuarios de dónde se encuentran los agentes de la ley puede parecer inofensivo, pero no está exento de riesgos para todos. El objetivo inicial de aplicaciones como Waze es informar de controles de velocidad, pero también podría contribuir, según Muñoz, a la “comisión de delitos que pongan en peligro la seguridad ciudadana y la de los propios agentes”. Aunque esta no fuera, en ningún momento, la intención de los conductores.
Gracias a esta información, una persona que condujera bebida podría evitar un control de alcoholemia y más tarde tener un accidente con víctimas mortales. Algo similar podría ocurrir en redadas antiterroristas o antidrogas: “Imagina que por dar un aviso de un punto de control un terrorista acude allí y atenta contra los agentes”, pone como ejemplo Muñoz.
Y es que no se puede olvidar que determinados controles de seguridad persiguen la prevención de delitos. Por ello, con esta información el usuario “estaría facilitando que los delincuentes se salten las medidas de seguridad”, según afirma el abogado.
Además, Muñoz remarca que la información que se comparte en estas apps “bajo ningún concepto” podría incluir imágenes de los agentes, el número de matrícula del vehículo y cualquier otra información que pueda “poner en peligro su seguridad”.
No está claro que, de aprobarse la ley de protección ciudadana, se ponga el punto de mira en servicios como Social Drive, pero lo cierto es que no cuentan con la simpatía de muchos agentes. En EEUU, de momento, ya han solicitado a Google que retire esa funcionalidad. Fuente: www.benemeritaaldia.org