La vigilancia privada crece por encima del ritmo de crecimiento de la policía nacional. Una realidad que se vive a día de hoy en muchos municipios españoles. Y cuyo ejemplo lo podemos encontrar en la localidad de Sant Antoni.
Mientras el número de policías locales de Sant Antoni se mantiene estancado y los comerciantes denuncian que ni siquiera hay patrullas a pie por la calle, la cantidad de vigilantes privados no para de crecer. El verano pasado fueron contratados los cuatro primeros vigilantes de seguridad por 40 hoteleros, pero ahora ya son 70 los empresarios que forman parte de la iniciativa y pronto llegarán a 100. Ya hay ocho serenos en la calle.
Los hoteleros y otros empresarios turísticos de Sant Antoni se han visto obligados a tomar la iniciativa ante la incapacidad del Ayuntamiento por garantizar la seguridad pública en el casco urbano. El número de vigilantes privados contratados por estos empresarios ha pasado de los cuatro de la temporada pasada –cuando se puso en marcha esta iniciativa– a los ocho que hay actualmente. Mientras tanto, los comerciantes denuncian que la Policía Local no patrulla a pie por las calles, pese a ser el enclave turístico más conflictivo de la isla.
De este modo, Sant Antoni está asistiendo a una progresiva sustitución de su servicio público de seguridad por un sistema estrictamente privado, lo que supone que solo podrá disfrutar de esa seguridad «quien pueda pagarla», como denunció la oposición municipal hace algunas semanas.
De los 40 empresarios que el año pasado empezaron a contratar a los vigilantes de seguridad se ha pasado a los 70 que ya existen actualmente, pero sus impulsores confían en llegar pronto a los 100, lo que, a su vez, permitiría contratar aún a más personal.
Los impulsores de esta iniciativa afirman que las fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Civil, «están desbordadas» y solo hay «la mitad de policías de los que debería haber», afirmaron Javier Anadón y Juanjo Planells, dos de los empresarios que tienen contratados vigilantes.
Planells afirma: «En Sant Antoni tenemos un problema y somos sensibles a él». Es por ello que han puesto en marcha esta iniciativa que, en todo caso, cuenta con «la total colaboración de la Policía Local y la Guardia Civil, con la que se coordinan y actúan conjuntamente», añade.
A través de la Estación Naútica
La contratación de los vigilantes –que funcionan distribuidos en cuatro parejas, de 12 de la noche a 7 de la mañana– se realiza a través de la Estación Náutica de Sant Antoni, un organismo del que forma parte el propio Ayuntamiento y cuya gerente, Judith Gargallo, confirmó que es la que hace la factura a cada establecimiento.
«La Estación Náutica es la que canaliza toda la iniciativa. Para poder disfrutar del servicio es condición necesaria hacerse primero socio de la Estación, lo cual es también una oportunidad para aumentar nuestro número de asociados», señaló Gargallo.
Tanto ella como otros impulsores de la campaña, como el hotelero Toni Ramón o el presidente de la Asociación de Comerciantes, Joan Ribas, consideran que es necesaria la declaración de Sant Antoni como municipio turístico, porque ello supondría elevar el número de policías locales que la ley permite tener a los ayuntamientos. Los municipios así declarados pueden contabilizar su población flotante (los turistas) como si fueran parte de la población fija, de modo que tienen derecho a más agentes. No sucede así con Sant Antoni, que debe conformarse con el tope que le otorga la ley por su población fija, que apenas supera las 20.000 personas.