La semana pasada se efectuó un referéndum en donde votaron más de 2.286.217 ciudadanos catalanes. Esta acción fue declarada ilegal por el gobierno de Don Mariano Rajoy y diversos tribunales, aunque en el ordenamiento jurídico, realizar un referéndum no es punible desde que Rodríguez Zapatero derogara los artículos correspondientes del código penal.
Ley orgánica 2/89 de 13 de marzo
El gobierno, como muchos de ustedes ya están al corriente envió diez mil agentes de refuerzo, contando Policía Nacional y Guardia Civil, para “garantizar la seguridad de los ciudadanos” en palabras del Ministerio del Interior.
La realidad, visto todo lo ocurrido, nos enseña que estos efectivos no estaban destinados para garantizar la seguridad de nada ni de nadie. El Ministerio del Interior de manera legítima pero poco inteligente utilizó al personal operativo de los cuerpos de seguridad del estado para evitar el referéndum mediante el uso de la fuerza. Y eso sin duda fue un error. Un error político y un error operativo.
El error político no lo comentaré en este blog por cuestiones lógicas, pero evidentemente los errores a nivel policial y de seguridad sí.
¿Cómo es posible que se diera la orden a los cueros de seguridad del estado de asaltar los colegios electorales en donde se sabía que había decenas de civiles esperando a votar o protegiendo las urnas?
Muchos de ustedes pensaran “es que era ilegal”, “cumplían una resolución judicial” etc.
Es aquí en donde quiero destacar una ley que toda policía democrática tiene. En el caso español, la ley orgánica 2/89 de 13 de marzo de fuerzas y cuerpos de seguridad, articulo 5.2, sobre los principios básicos de actuación de los miembros de las FCSE.
Articulo 5.2 Relaciones con la comunidad. Singularmente:
- Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.
- Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello.
- En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las mismas.
- En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.
- Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior.
Las faltas de inteligencia de los mandos de las FCSE provocaron el “olvido” de la mayoría de estos conceptos.
El uno de octubre la policía nacional se dedicó a romper ventanas y puertas de colegios e institutos, utilizó la defensa, la fuerza, para intentar desalojar los puntos de votación ante ciudadanos desarmados que oponían resistencia pacífica, en Lleida la policía hizo una carga mientras en el suelo se atendía a un hombre infartado, en otros lugares, se lanzaba literalmente a la gente por las escaleras, se hicieron operaciones “Hollybudienses” en las poblaciones donde votaban los principales cargos electos y algunos puntos de Barcelona parecían zona de guerra.
¿Nadie previó las imágenes y videos que se publicaron de inmediato por las redes sociales?
¿Se buscaba el miedo de la población para que no fueran a votar?
¿O simplemente todo es culpa de la incompetencia de unos mandos policiales incapaces de desmantelar la organización del referéndum?
La policía nacional y la guardia civil no fueron proporcionales en sus actuaciones y su trato no fue el correcto, las cargas hacia los Bomberos serán recordadas, así como la tensión entre sus miembros y los “Mossos d’Esquadra”.
La semana pasada la España democrática quedó en evidencia frente al mundo occidental.
La policía nacional y la guardia civil no debieron actuar aquel día, no de esa manera, su pésima imagen en Cataluña tardará mucho tiempo en recuperarse. No se espera ninguna dimisión, pero ayudaría a calmar las cosas.
La unidad de España no vale todos esos despropósitos, ¿o sí?