La aprobación del proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana por el Consejo de Ministros y su envío a las Cortes ha levantado rápidamente una ola de reacciones en contra. Al poco de conocerse el texto definitivo, que recoge alguna modificación respecto a las versiones presentadas hasta ahora, jueces, fiscales y abogados, además de fuerzas políticas y movimientos sociales, han salido para mostrar su rechazo a la conocida como Ley Mordaza por sus detractores.
Especialmente significativa ha sido, por quien la hace y el grado de la afirmación, la reacción del presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, quien ha dicho en Zaragoza que este proyecto de ley tiene aspectos “inconstitucionales” y que velarán por los derechos de los ciudadanos. En un encuentro con los medios de comunicación con motivo de la celebración del Día de la Justicia Gratuita, Carnicer ha avanzado que es tiempo de discutir y convencer a los políticos sobre sus alegaciones y que intentarán que “en el trámite parlamentario de la ley se nos oiga” y “se nos permita comparecer”.
De esta forma, el Consejo de la Abogacía quiere “abrir brecha” en el Congreso de los Diputados y posteriormente en el Senado y que, si no se recogen sus planteamientos, intentarán “que quien tenga competencias interponga un recurso de inconstitucionalidad”. Al respecto, ha recordado que no se les permitió comparecer en la tramitación parlamentaria de la Ley de Justicia Gratuita y que dos años y medio después se encuentra recurrida por cinco comunidades autónomas, entre ellas Aragón, y cientos de ciudadanos. Con este proyecto se pasa “de la patada a la puerta de Corcuera” (en referencia la reforma que impulsó el ministro socialista José Luis Corcuera) “a la patada al Estado de Derecho“.
“El rodillo es mucho rodillo”, ha reconocido el presidente de la Abogacía Española en referencia a la mayoría absoluta del PP en el parlamento, al que el proyecto de ley, ha dicho, ha llegado prácticamente como salió del gobierno. Tras indicar que espera que se recojan muchas de sus alegaciones, ha añadido que si el nuevo texto legal llega sin modificaciones al Boletín Oficial de Estado “trataremos de buscar compañeros de viaje que tengan la competencia para un recurso de inconstitucionalidad“.
Joaquim Bosch: “Dudosa constitucionalidad”
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha tildado de “innecesario” el proyecto, que lo único que pretende es impedir determinadas críticas que son “especialmente incómodas” para el poder político a costa de “restringir libertades”. En un comunicado, asegura que el texto “no está justificado por la realidad social”, puesto que “no existen problemas relevantes de seguridad ciudadana”.
Para Bosch, la inmensa mayoría de las manifestaciones que se celebran en nuestro país se desarrollan sin incidentes. Por ello, añade, “se constata con claridad que la nueva ley lo que pretende es impedir determinadas críticas que son especialmente incómodas para el poder político”. Con esta ley, explica, “no se produce ninguna protección de la seguridad ciudadana, sino que el Gobierno pretende disponer de un instrumento para poder acallar las críticas sociales”.
La asociación judicial cita las retenciones, identificaciones y cacheos como aspectos de“dudosa constitucionalidad” y critica la “desorbitadas” cuantías económicas de algunas sanciones contra diversas formas de ejercicio del derecho de manifestación, del derecho de crítica y de la libertad de expresión.
La Unión Progresista de Fiscales denuncia su carácter “represivo”
El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, ha rechazado su “marcado carácter represivo” y ha considerado “insuficientes” los cambios incluidos en la propuesta del Ejecutivo para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, unidos a la modificación del Código Penal y la Ley de Seguridad Privada. En la nueva ley, hay “una confusión entre seguridad ciudadana y orden público”, así como “una tendencia policial muy acentuada”, en lugar de una “visión garantista de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, ha estimado el representante de la UPF.
García Ortiz ha explicado que la evaluación de determinadas actuaciones policiales, como por ejemplo un caso de insultos a un policía, dejará de ser investigado o sancionado en el ámbito penal y pasará a la jurisdicción contencioso-administrativa. Ha subrayado que, en el ámbito de lo contencioso-administrativo, el ciudadano tendrá que pagar tasas judiciales, además de abogado y procurador, y perderá garantías, puesto que habrá una presunción de veracidad de los actos del funcionario público, que no existe en el caso de un juez de instrucción.
Fuente: Público.es