La nueva ministra de justicia es una mujer fiscal especializada en terrorismo yihadista. El nombramiento fue aplaudido en el sector puesto que se trata de una persona con trayectoria y tablas. Capaz de hacer frente a los delicados problemas de su ministerio. Es experta además de en terrorismo, en narcotráfico y cuenta con varios procesos relevantes en su historial. Así es Dolores Delgado.
La ministra de Justicia, una experta en terrorismo yihadista
Aunque sonaba con fuerza en un primer momento el nombre de Margarita Robles, que ha sido magistrada del Supremo, será finalmente Dolores Delgado quien ocupe la cartera de Justicia. La Fiscal tomará de manos de Rafael Catalá un ministerio clave en la coyuntura actual, con varios políticos catalanes presos por el procés.
Nacida en Madrid en 1962, acumula 28 años de servicio, 25 de ellos en la Audiencia Nacional, donde trabajó en temas de narcotráfico. Desde 2004, en terrorismo de ETA y terrorismo yihadista, además de ejercer como portavoz del ministerio público en dicho tribunal. En la última época, desde 2007, era fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional.
“La verdad es que no me he planteado nada diferente a lo que hago. Me encanta mi trabajo. Me siento una privilegiada por haber podido dedicarme a esto. Ha sido y es una actividad apasionante”, apuntaba Delgado en una entrevista reciente en marzo de 2014.
Experta en narcotráfico
Colaboradora habitual del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, fue la fiscal encargada de la ‘operación Temple’ contra las redes colombianas del narcotráfico, con 34 condenados a casi 500 años de prisión, y ‘Hielo Verde’ contra una red internacional de tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la que colaboraron las autoridades de España, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Costa Rica y Reino Unido.
Tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, Dolores Delgado pasó a especializarse en el terrorismo, tanto el de ETA -con el procesamiento de la mesa nacional de Batasuna- como el yihadista, que ha sido su principal tarea estos últimos años.
En la misma línea, y desde el Tribunal Penal Internacional de La Haya, donde ejerció como fiscal a partir de 2011, preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad.
También fue la fiscal que se opuso a entregar a Suiza del informático del HSBC Hervé Falciani, reclamado por robar datos que permitieron revelar la identidad de miles de presuntos evasores fiscales, y trabajó en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya en el equipo que investigó el régimen libio de Muamar el Gadafi.
El terrorismo en España
El terrorismo de inspiración yihadista suma ya 284 víctimas mortales españolas o en atentados contra España. Desde que en 1985 se cometiera el atentado contra el restaurante ‘El Descanso’ hasta el pasado año.
Así se recoge en el balance del terrorismo en España durante 2017, elaborado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Los datos aparecidos en el Cuaderno número 5 reflejan los 16 asesinatos registrados en los atentados de Barcelona y Cambrils, a los que hay que añadir la muerte de Ignacio Echeverría en otra acción terrorista registrada en Londres y la de Lorena Enebral, una fisioterapeuta de la Cruz Roja Internacional asesinada a tiros en Afganistán en lo que parece un atentado de los talibanes. En total, 18 víctimas mortales.
A lo largo del pasado año, los cuerpos de seguridad realizaron un total de 76 detenciones de presuntos yihadistas en España. La cifra es la tercera más alta que se ha registrado desde 2004, el año de los atentados del 11-M.
Un tercio de todas las detenciones realizadas en España (25 casos que representan el 33% del total) se llevaron a cabo en Cataluña, lo que sigue manteniendo a esta comunidad en los puestos de cabeza. La provincia de Barcelona, con 14 detenciones, encabeza la distribución interna de la comunidad catalana, seguida por Girona, con ocho, Tarragona, con dos, y Lleida, con una.
Focos radicales en Cataluña
Según indica la publicación, los datos expuestos reflejan la existencia en territorio catalán de importantes focos radicales proclives al yihadismo, focos que no se han limitado a exportar terroristas a países lejanos, como había venido ocurriendo hasta el presente, sino que han dado el paso de actuar en España.
La presencia de estos núcleos ha conducido a la aparición de una célula como la de Ripoll, responsable de los atentados de Barcelona y Cambrils, y todas aquellas otras que han sido detectadas y neutralizadas a tiempo por los servicios antiterroristas en los últimos años, células que en algunos casos estuvieron a punto de cometer atentados.
Detrás de Cataluña se sitúa la Comunidad de Madrid, con 14 detenidos que suponen el 18,4% del total de arrestos practicados el pasado año. Ha intercambiado la posición con Cataluña, que en 2016 estuvo por detrás de Madrid.
La tercera posición es para la ciudad de Melilla, con nueve capturas que suponen el 12% del total, seguida de la Comunidad Valenciana, que registró cinco detenciones (el 6,5%). Otras cuatro comunidades, Ceuta, Andalucía, País Vasco y Baleares, registraron cuatro detenidos en cada una de ellas (el 5,2%). Las últimas posiciones corresponden a Castilla y León, con tres arrestos, Canarias, con dos, Galicia y Extremadura, con uno cada una.
Los detenidos el pasado año eran ciudadanos de ocho países diferentes, aunque la inmensa mayoría eran marroquíes y españoles, que sumaron casi el 87% de los arrestos. Las demás capturas se distribuyen entre las otras seis nacionalidades.
Los 44 ciudadanos marroquíes detenidos (13 más que el año anterior) representaron el 57,3% del total de detenciones practicadas en 2017, manteniéndose como primera nacionalidad por número de arrestos. Tras los marroquíes, le siguen en segundo lugar los españoles, con 23 detenidos (dos menos que en 2016), que representan el 29,3% del total de arrestos. El resto de las detenciones se reparten entre ciudadanos de Argelia (dos), Bangladesh (uno), Dinamarca (dos), Egipto (dos), México (uno) y Pakistán (uno).
La implicación de un elevado número de ciudadanos de Marruecos hace más importante todavía la colaboración antiterrorista que se desarrolla con las autoridades de este país.
Células organizadas
Veinte de las 52 operaciones policiales contra el yihadismo realizadas en España en 2017 fueron dirigidas contra estructuras terroristas que tenían al menos tres miembros. Eso supone que el 38,4% de las actuaciones de las FSE se centraron en grupos con una mínima organización y no en individuos aislados.
Por lo que respecta al número de detenidos, un total de 37, el 48,6% del total de arrestos, tenían vinculaciones con ese tipo de células o formaban parte de ellas. Prácticamente la mitad de los sospechosos estaban integrados en grupos con cierta organización y no eran elementos aislados.
Siete operaciones desarrolladas el pasado año fueron dirigidas contra miembros de células formadas por tres integrantes; en otros cinco casos las células estaban formadas por cuatro o cinco miembros y en tres ocasiones por seis componentes. En cinco casos las células eran redes extensas formadas por 10 o más miembros.
En noviembre, por ejemplo, la Policía capturó a un sospechoso en el barrio de El Príncipe, en Ceuta, que formaba parte de una red de 10 miembros que habían sido detenidos en operaciones anteriores. Los dos detenidos por la Guardia Civil en la “Operación Jabato” estaban vinculados con una célula desmantelada en 2013 y que estaba constituida por 11 personas.
Vínculos familiares
Al examinar las circunstancias individuales de los detenidos en España por actividades yihadistas -contabilizando en este caso a los ocho miembros de la célula terrorista de Ripoll fallecidos- se observa la existencia de una amplia trama de relaciones familiares o sentimentales que pueden explicar la radicalización de los arrestados.
En nada menos que 24 individuos, que representan casi un tercio de los detenidos (el 31,5%), había una relación familiar con otros terroristas. Este tipo de relaciones personales tan cercanas contribuye a dar coherencia al grupo, ya que la existencia de lazos familiares hace más difícil la traición o la infiltración policial.
Diecisiete de los detenidos o muertos eran hermanos de otros acusados de yihadistas, de otros imputados que estaban en prisión o de desplazados a Siria. Destaca la célula de Ripoll, en la que había cuatro parejas de hermanos. Siete de estos ocho hermanos resultaron muertos bien por la explosión de Alcanar o bien en tiroteos con agentes de los Mossos.
Excluida la célula de Ripoll, de los nueve detenidos restantes con hermanos implicados, en cuatro casos esos hermanos se habían desplazado a combatir a Siria, donde habían fallecido dos de ellos. En otros tres casos, los hermanos habían sido detenidos con anterioridad y estaban en prisión.
En el grupo de las relaciones familiares destaca la existencia de tres casos -dos mujeres y un hombre- que eran cónyuges de otros acusados de terrorismo y que se encontraban en prisión. Hay también otros tres casos de mujeres de yihadistas cuyos maridos habían muerto combatiendo en Siria o Irak. En este caso se ha contabilizado a las dos mujeres arrestadas en 2016 en Turquía y entregadas en 2017 a las autoridades españolas, aunque no figuran en el cómputo anual de los 76 arrestados en el último ejercicio.
A los hermanos, esposas y viudas hay que añadir otro caso de relación familiar representada por el sobrino del líder de una célula yihadista. Los familiares constituyen, por tanto, un importante factor de radicalización de sus allegados y de su implicación en actividades pro-yihadistas, según indica el informe.
Un 40,7% de los arrestados tenía lazos con otros activistas o grupos radicales de otros países, lo que “da una imagen de la importancia de la dimensión internacional” de este tipo de terrorismo.
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Fuentes:
https://www.lavanguardia.com/politica/20180606/444148575335/dolores-delgado-ministra-pedro-sanchez-justicia.html