¿Es posible la videovigilancia en zonas rurales?
La diputación de Soria pretende dar un primer paso en este tipo de seguridad en el ambiente rural debido a la oleada de robos que están sufriendo en la provincia. Una iniciativa, que plantea un nuevo escenario, desconocido hasta este momento, en cuanto a legislación se refiere. No solo por el hecho en sí mismo sino también por cómo debe abarcarse dichas vigilancias al carecer también de operativos necesarios para dichas tareas.
Los afectados creen que esta medida es vital para disuadir a los delincuentes, ya que, en este tipo de zonas cuentan con menos afluencia de población, por lo que, el delincuente tiene total impunidad al no haber ningún tipo de medio ni de testigo que coaccione sus actividades delictivas.
En la actualidad, y según se recoge en la correspondiente ley orgánica, la utilización de las videocámaras debe de situarse en lugares públicas y gestionadas por las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad. La comisión de garantías de videovigilancia considera que si se pueden utilizar cámaras solamente si estas son gestionadas por la Policía Local del lugar.
Ello conlleva, que si se plantea ponerlas en ambientes rurales, es probable que no se pueda acoger esta actividad, por lo que, puede haber una alternativa que habría al margen de la videovigilancia que contemplaría el articulo 5/2014. En este artículo se refiere a la videovigilancia discontinua, en el que se indica que los vigilantes de seguridad desempañan estas labores en el interior de los edificios, pero podrán prestar también estos servicios fuera de estos espacios, incluidos espacios públicos, de acuerdo con el punto “e” de esta misma ley en el que se cita este tipo de vigilancia de manera discontinua y programada en los diferentes puntos establecidos o lugar de protección.
El tema de la videovigilancia siempre es un asunto sensible y que plantea muchos debates, entre ellos el poder controlar puntos sensibles de las ciudades con el fin de vigilar el tráfico o simplemente como elemento disuasorio, como es el caso que hemos comentado en esta entrada.
El debate está en la calle, ya que, además de todas las dudas que se puedan plantear en la operativa, hay que pensar también en el conflicto existente con dos derechos fundamentales de las personas, como son: el derecho a la privacidad y el derecho a la seguridad.
¿Cuál es tu opinión?
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