La utilización de la policía y demás servicios de seguridad con fines políticos por parte de los estados es una problemática de las democracias actuales que obstaculiza la libertad y erosiona al sistema, sin embargo, este uso indebido no es patrimonio de la actualidad, desde siempre los estados han utilizado sus herramientas, a menudo con dobles intenciones, en busca de salvaguardar sus intereses.
El verdadero rol de la Policía Secreta
A mediados del siglo pasado tenemos los ejemplos de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, que usaron sus servicios de inteligencia para buscar disidentes o personas contrarias a sus ideologías dominantes, fruto de la guerra fría.
Evidentemente esa caza de brujas no se simplificó a los servicios de inteligencia, sino que se coordinó con las fuerzas de seguridad y la elite dominante, el FBI del señor John Edgar Hoover y el senador McCarthy, el KGB de la URSS en las presidencias de Gueorgui Malenkov y Nikita Jrushchov, en donde se utilizó como la agencia principal de la policía secreta, además de ser la histórica agencia de inteligencia de los soviéticos, el MI5 inglés (no confundir con el MI6), el primero se encarga de la seguridad interior y el segundo de la exterior o las brigadas de investigación social del General Franco en España, brigadas incluidas orgánicamente dentro del Cuerpo General de Policía.
Observamos que tanto en las dictaduras como en las democracias la policía secreta fue y sigue siendo una parte importante de los servicios de seguridad, mas allá de sus actualizaciones fruto de los tiempos y de la evolución y concienciación de la sociedad. Existían y existen.
Creo que todos estaremos de acuerdo en que la policía secreta o cualquier cuerpo de seguridad, tiene un uso político cuando se utiliza para manchar la reputación de los adversarios políticos, eliminarlos físicamente o intelectualmente y en definitiva allanar el camino de la elite gobernante.
Terrorismo de Estado en la España democrática – Los Gal
En la España democrática hay un claro ejemplo de la utilización de las herramientas del estado en beneficio propio y fuera de la legalidad. Aunque no eran sujetos de la policía o de la guardia civil, realizaban tareas propias de estas organizaciones, así que, siguiendo la definición de la Real Academia de la Lengua Española, hablamos de una organización parapolicial, los GAL.
Los Grupos Antiterroristas de Liberación fueron una organización clandestina que estuvo activa entre el periodo de 1983 hasta 1987, durante el mandato del gobierno socialista de Felipe González.
El objetivo principal por no decir único de este grupo era la eliminación mediante actos violentos e ilegales de los miembros de ETA (Euskadi Ta Askatasuna), organización terrorista aún activa, aunque las ultimas informaciones indican una inminente disolución.
Los GAL fueron autores durante sus cuatro años de vida de aproximadamente veintisiete asesinatos y de sesenta víctimas, sus actuaciones se concentraron principalmente en el País Vasco francés.
Indudablemente y gracias al trabajo periodístico de “Deia”, “Diario 16” y posteriormente “El Mundo” se generó un escándalo social y político sin precedentes en la historia moderna de España, que mediante las investigaciones judiciales correspondientes finalizó con la condena e inhabilitación del Ministro del Interior de la época, Don José Barrionuevo, del Secretario de Estado para la Seguridad, Don Rafael Vera, entre muchos otros cargos del PSOE y del gobierno de la nación.
Sin embargo, el presidente del gobierno Don Felipe González, supuestamente conocedor de las acciones de este grupo terrorista, no fue condenado.
Terrorismo de Estado en la España democrática – Cataluña
En mi opinión, analizando la actuación de la policía nacional y la guardia civil, las declaraciones del ministro del interior y miembros del gobierno español, las imágenes de los medios internacionales y la posterior opinión, por ejemplo, de Amnistía Internacional, el termino terrorismo de estado es aplicable a los sucesos acaecidos el uno de octubre del 2017 en Cataluña.
Para entender la envergadura de la operación Copérnico para supuestamente evitar el referéndum del uno de octubre en Cataluña, aquí les expongo algunos datos de interés:
- 5.500 agentes fueron trasladados provisionalmente a Cataluña desde otros lugares del estado para apoyar a los 6.000 agentes que forman parte de la plantilla en este territorio.
- El coste mínimo de la operación Copérnico fue de 31 millones de euros.
- Se utilizaron tres barcos, el Azzurra, Rhapsody y el famoso Mobby Dada, conocido como piolín.
- Al finalizar la jornada del uno de octubre se contabilizaron más de 1.000 heridos y más de 400 denuncias a fecha de fin de año, entre ellas la de la ciudad de Barcelona, que se presentó como acusación particular.
- Los daños materiales solo en escuelas e institutos ascendieron a mas de 300.000 mil euros.
- Convocar un referéndum no pactado no es delito desde el año 2005, en el cual, el presidente Zapatero, derogó los artículos artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis del código penal.
- La policía utilizo balas de gomas, prohibidas en Cataluña.
- Los cuerpos policiales cerraron 113 centros de votación y utilizaron la fuerza en 54.
- Ni la policía nacional, ni la guardia civil, ni el CNI encontraron las urnas que llegaron a todos los puntos de votación con relativa normalidad.
- Los datos oficiales de la jornada resaltaron una participación del 43% del censo, 2.286.217 ciudadanos acudieron a votar.
Sin entrar en la validación final de los resultados, con estos datos en la mano uno puede pensar que los mas de diez mil agentes, sin contar los quince mil “Mossos d’Esquadra” no lograron evitar el referéndum. Aunque en mi opinión el gobierno español era consciente de que por medios estrictamente policiales no podría evitar la votación, esperaba una desconvocatoria en el ultimo momento por parte de las autoridades catalanas, que finalmente decidieron seguir con ello. A partir de aquí la actuación de los cuerpos del estado es más que discutible.
¿Los cuerpos del estado utilizaron un criterio para sus actuaciones?
Mas allá de los heridos, en mi opinión el aspecto mas criticable es el aparente nulo criterio de actuación que tuvieron los cuerpos del estado al intervenir en los colegios electorales. Algunas voces “disidentes” cuestionan estas actuaciones y afirman que buscaban generar miedo entre la población.
Lo cierto es que no se entienden las intervenciones en municipios como Sant Martí Sesgueioles (371 habitantes), La Tallada d’Empordà (350 habitantes), Soses (1700 habitantes), Aiguaviva (800 habitantes) etc. Municipios muy pequeños que fueron agredidos tal cual, por las fuerzas de seguridad del estado, con la excusa de la realización del referéndum. Así mismo, la intervención en la población en donde debía votar el presidente de la Generalitat, St. Julià de Ramis (3500 habitantes) solo puede tener una lectura política. No es posible desmantelar un acto de desobediencia civil a gran escala perdiendo el tiempo en pequeños municipios, quizá es que el objetivo era, más bien otro.
Si el gobierno realmente quería evitar la jornada del uno de octubre, en primer lugar, debería de haber localizado las urnas, que llegaron por la frontera francesa y fueron adquiridas por un particular a una empresa China, cosas de la globalización. Sorprende la poco autocritica del ministerio del interior sobre este asunto.
En definitiva, actuar sin un criterio claro, de manera aleatoria, por ejemplo, la distribución geográfica de las intervenciones no aclara ningún patrón respecto a la actuación de la policía nacional o la guardia civil, no importa micro municipios o grandes ciudades, tampoco importaba quien gobernaba en esas poblaciones, los daños materiales, en mi opinión innecesarios, la mayoría de ellos en centros educativos y las agresiones vistas por televisión (en medios internacionales como la BBC) en donde se aprecia a ciudadanos realizando resistencia pacífica recibiendo cargas, entre otras acciones que no concuerdan con una buena praxis policial, me hacen afirmar que la actuación en términos generales el uno de octubre fue totalmente desproporcionada, sin un objeto claro, más allá de “vender” que la policía y la guardia civil trabajaban en comparación con otros cuerpos policiales, todo esto, apoyado por la opinión de Amnistía Internacional que el dos de octubre expuso en su web, “Amnistía Internacional ha confirmado sobre el terreno de forma directa que miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y agentes la Guardia Civil usaron de forma excesiva y desproporcionada la fuerza contra personas que pasivamente se resistían, en la calle y a la puerta de centros de votación”.
La operación Copérnico fue un auténtico fracaso desde un punto de vista resolutivo, no paró el referéndum y empeoro la imagen de España.
PD: Parte de este artículo se ha realizado a petición de Doña Lydia Alfonsín y su grupo de estudio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Espero les sirva de ayuda.
Formación relacionada con el tema