La patronal de los vigilantes de seguridad considera que recibir nuevas comptetencias es un paso “lógico” y que “respeta escrupulosamente los derechos y libertades de los ciudadanos”.
Los policiales y guardias civiles no comparten que la seguridad privada asuma competencias que les corresponden a las fuerzas de seguridad, pese a que los vigilantes sostienen que esas atribuciones son lógicas por ser ya habituales dentro del sector.
La Unión Federal de Policía, la Confederación Española de Policía, el Sindicato Unificado de Policía y la Unión de Guardias Civiles rechazan la mayoría de las competencias que la ley atribuye a la seguridad privada, que han sido acogidas positivamente por la patronal de vigilantes, que define la norma como una “lógica actualización del sector”.
La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad considera que el proyecto de ley, aprobado ayer por la Comisión de Interior del Congreso, “respeta escrupulosamente los derechos y libertades de los ciudadanos”, ya que “en ningún caso” permite la detención arbitraria por parte de los vigilantes.
En su opinión, la norma contiene “simples actualizaciones lógicas del ámbito de actuación de la seguridad privada, que en algunos casos ya eran prácticas habituales, que ahondan en lo que en los últimos años ha significado la paulatina participación de la seguridad privada” en determinados servicios. La norma prevé la posibilidad de que los vigilantes privados puedan, con la autorización pertinente, identificar y detener en la vía pública, si bien el Ministerio del Interior detalló que sólo podrán detener a quien cometa un delito en su ámbito de protección y deberán ponerlo a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado.
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, defendió hace unas semanas que la ley pretende ayudar a la consolidación de un sector en pleno auge, que contribuirá de forma decisiva y bajo los principios de subordinación y coordinación a la mejora de la seguridad pública. Para el número dos de Interior “conectar lo público y lo privado supone una muestra de sensatez”. Una afirmación que choca frontalmente con la opinión de los sindicatos policiales. Así, el SUP ha acusado al Gobierno de querer poner la seguridad pública al servicio de la privada y ha considerado que con el proyecto de ley se da “una vuelta de tuerca más” a la “precaria” situación de la seguridad en España.
Más crítico aún ha sido la Unión Federal de Policía que se ha mostrado “radical y taxativamente en contra” de la ley al considerar que es “gravísimo” e “ignominioso” que los vigilantes de seguridad puedan “patrullar por zonas públicas” o en el exterior de las cárceles armados. Por su parte, el secretario general de la Confederación Española de Policía, Ignacio López, ha mostrado su preocupación por el “interés económico” que pueda esconder la norma, que le suscita “dudas” en algunos de sus aspectos como sucede con la formación de los vigilantes.
Este último punto ha acaparado las críticas de la Unión de Guardias Civiles que ha denunciado que la ley “pretende convertir a los vigilantes privados en policías“, ya que podrán efectuar patrullas y practicar detenciones pese a no estar formados como los agentes policiales. También UGT se ha pronunciado en contra del texto al asegurar que constituye “un nuevo ataque” del Gobierno del PP a la democracia española. La ley “dinamita el concepto de seguridad pública atribuida a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en exclusiva, ya que, a partir de ahora, sus funciones podrán ser ejercidas por la seguridad privada“, ha sostenido la Federación de Servicios Públicos de UGT.
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