Las acciones represivas, ejercidas desde el aparato de Estado, con todo su monopolio de la fuerza, por su frecuencia, sugieren un carácter sistemático. Y, por su brutalidad, claramente persiguen disuadir a la ciudadanía que se manifiesta a través del miedo. Por lo mismo, no es exagerado catalogar la situación actual de Colombia como un escenario donde se ejerce ampliamente el terrorismo de Estado.
Estallido social colombiano
Desde que en Colombia estallaron las masivas protestas callejeras y paralizaciones laborales contra el gobierno del presidente Iván Duque y su propuesta de reforma tributaria el pasado 28 de abril, no han cesado las manifestaciones sociales. Esto pese al desproporcionado uso de la fuerza con que el Estado ha intentado aplacar las expresiones de malestar popular.
Si bien es cierto que muchas de las manifestaciones enmarcadas en el denominado Paro Nacional de Colombia 2021 -y posteriores- han terminado en actos vandálicos que atentan contra la propiedad pública y privada, tanto para los colombianos como para la comunidad internacional ha sido realmente intimidante observar la puesta en marcha de inéditos niveles de represión policial y militar contra la sociedad civil.
La respuesta represiva de Duque fue casi análoga, en términos de dureza y brutalidad, a la que unos meses antes desplegó, también en la región latinoamericana, el Estado chileno bajo la administración de Sebastián Piñera durante el denominado “estallido social”. Al parecer esta desproporcionada respuesta no es casual; respondería a una lectura muy parecida sobre el origen y objetivos del momento de crisis. Según ambas administraciones, las manifestaciones habrían sido propiciadas por grupos terroristas e incluso por agentes de intervención extranjera.
En el caso colombiano, el gobierno Duque ha señalado que detrás de las multitudinarias expresiones de malestar -que incluso concitaron el apoyo de reconocidas figuras del mundo de la cultura y el espectáculo-, habría elementos descolgados de las organizaciones guerrilleras FARC-EP y ELN, y se mencionó la presunta injerencia del gobierno de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro.
Estas denuncias serían el argumento que habría justificado la militarización de las calles y la dura represión contra los manifestantes violentos y no-violentos. Sin embargo, no consiguen ser más que una conjetura del gobierno.
Mientras tanto, las protestas, aunque han disminuido en cantidad e intensidad, no se detienen y, tras un análisis más frío de los hechos, lo que queda son reflexiones que sugieren la emergencia de nuevas medidas y, por otro lado, graves vulneraciones a los derechos humanos.
Lecturas forzadas
Aunque las causas que dieron motivo a ambas revueltas sociales son diferentes, tanto la colombiana como su símil chilena, lo cierto es que ambas nacen del descontento generalizado contra una derecha política que no logra atender oportunamente a las necesidades de la población y hasta procede con cierta torpeza en temas que generan pronta irritación en la sociedad. En Colombia particularmente, si bien las protestas se gatillan con la reforma tributaria impulsada por Duque, las causas son mucho más amplias y diversas, y van desde el descontento con la situación económica, el manejo de la pandemia del Covid-19, reformas en materia de salud y pensiones, e incremento de asesinatos a líderes sociales.
Luego, con la represión a las mismas manifestaciones, la continuidad de estas fue garantizada con un nuevo motivo: el rechazo a la brutalidad policial y militar y la demanda por el respeto a los derechos humanos de la población que participa de las protestas sociales. De hecho, si somos atentos, notaremos que todos los motivos mencionados acumulan un malestar tan general como transversal, por lo mismo explican con mayor facilidad las violentas expresiones de descontento de parte de elementos de la ciudadanía que encuentran una instancia para desahogar, de formas poco apropiadas, su frustración.
Este tipo de análisis suelen ser, no obstante, rápidamente descartados por los gobiernos, lo que demora aún más un procesamiento rápido y eficiente a las demandas ciudadanas. En ese sentido, las conspiraciones que sospechan de la intervención de una presunta ultraizquierda local e internacional, nada ayudan a la gobernabilidad.
Así, desfigurada la imagen acerca del origen y los objetivos del movimiento ciudadano, se ha intentado dar una justificación ideológica a una serie de atrocidades cometidas por policías y militares que, a mediados de mayo, tal como se cuenta en una denuncia entregada por organizaciones sociales y el senador Iván Cepeda a la Corte Penal Internacional (CPI) y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sumaban “24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1.365 víctimas de detención irregular”.
Cifras más recientes, señalan que entre el inicio de las manifestaciones el 28 de diciembre y el 2 de junio, el Estado ha sumado el lamentable registro de 3.825 violaciones a los derechos humanos.
¿Terrorismo de Estado en Colombia?
Las acciones represivas, ejercidas desde el aparato de Estado, con todo su monopolio de la fuerza, por su frecuencia, sugieren un carácter sistemático. Y, por su brutalidad, claramente persiguen disuadir a la ciudadanía que se manifiesta a través del miedo. Por lo mismo, no es exagerado catalogar la situación actual de Colombia como un escenario donde se ejerce ampliamente el terrorismo de Estado. Así lo han reconocido instituciones académicas de prestigio en la región como es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
En ese sentido, llaman la atención lecturas como las emitidas a DW por José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW) en las que interpreta estos hechos solo como un exceso de fuerza.
Como sea, la decisión está en manos de la Corte Penal Internacional que deberá fallar al respecto.
Fuentes utilizadas en este artículo:
Acerca del Autor
ANDRÉS FONSECA LÓPEZ
Licenciado en Filosofía, Máster en Psicología, Posgrado en Trabajo Social, Diplomado en Políticas Sociales, Pobreza y Territorio, Diplomado en Derechos Humanos de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
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