España experimentará en los próximos meses unos cambios en los ratios relativos a la seguridad privada, con la idea de que nuestro país se equipare a los niveles de Europa.
Y es que hay que saber que en España hay 528 policías por cada 100.000 habitantes, mientras que la media en Europa es tan solo de 385 policías siempre y cuando hablemos de seguridad pública. Porque si nos referimos a seguridad privada los datos son al contrario; 200 vigilantes por cada 100.000 habitantes en España, frente a los 271 que tiene de media la Unión Europea.
Pero desde ya tenemos una Ley de Seguridad Privada con la que se pretende, entre otras cosas, que ésta se subordine, complemente y se coordine con la seguridad pública, de manera que los datos se equiparen a la media europea, dando más competencias a los vigilantes.
No cabe duda de que nos encontramos con un sector en auge, y algunas comunidades autónomas tienen asumidas las competencias referentes a la Seguridad, por ejemplo, la Generalidad de Cataluña ha habilitado a unas 130 empresas.
La seguridad privada es un sector que mueve al año más de 3000 millones de euros, y donde un 80 % de los contratos son de tipo indefinido, pero en el que también hay mucho intrusismo que la nueva Ley pretende erradicar.
El caso de Canarias
Canarias, pioneros en este campo, deberían empezar a asumir las competencias en seguridad privada en breve. Porque ya en el año 2006 se intentó una reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en la que el Gobierno de Canarias pretendía organizar este tipo.
El artículo 84 de la reforma decía así: “Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias:
a) La autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en el Archipiélago y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio.
b) La inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en el Archipiélago.
c) La autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada.
d) La coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía autonómica y las policías locales. (Muy similar es el de Cataluña, en el que se prevé que la Generalitat ejecute la autorización, inspección y sanción en seguridad privada).
El caso de Cataluña
La seguridad privada ha sido también motivo de conflicto entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno de la Nación. Y ahora, con la nueva ley, ambos intentarán llegar a un acuerdo en el que se respeten las competencias ya asumidas por la Generalidad, que por su parte tratará de hacerse con alguna más.
La principal controversia en estas negociaciones versa sobre los detectives, pero la inspección, el control y la sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en Cataluña corresponderán por ahora a la policía de la Generalidad- Mozos de Escuadra.
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