El pasado mes de mayo autorizó destinar 33 millones de euros para emplear a agentes de seguridad privada
El Gobierno niega que tenga previsto “privatizar actividad alguna de seguridad pública” y asegura que lo único que va a hacer es contratar a vigilantes de seguridad privada para realizar tareas “auxiliares” o “de apoyo”, en concreto para vigilar el perímetro de los centros penitenciarios.
Así lo recalca el Ministerio del Interior en la respuesta que ha enviado al diputado del PSOE Carles Corcuera, quien se interesó por cuando iba el Gobierno “extender a todos los centros penitenciarios la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones, para qué eventos va a obligar “a contratar seguridad privada” y, en concreto, “qué actividades de seguridad pública piensa privatizar”.
En su respuesta, El Ejecutivo subraya que no entra en sus planes la privatización de ninguna actividad de seguridad pública. Además, recuerda a Corcuera que la nueva Ley de Seguridad Privada prevé que se determinarán reglamentariamente los eventos “en los que resulte obligado adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las mismas para cada caso concreto”.
Respecto a la contratación de vigilantes privados para la que el Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de mayo una inversión de 33 millones de euros, el Ejecutivo incide en que estas personas sólo realizarán “tareas auxiliares o de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, que, según recalca, “son y seguirán siendo responsables de garantizar la seguridad y protección de los centros penitenciarios”.
