Comienza la segunda fase del plan para sustituir a los agentes del instituto armado que vigilan los accesos y las salas de control de las prisiones. El Gobierno valoró positivamente la primera fase, denominada experimental y desarrollada en 21 centros penitenciarios durante el último año.
El plan para sustituir a guardias civiles por vigilantes de seguridad en las prisiones españolas sigue adelante. Después de la valoración positiva realizada por el Ministerio del Interior en relación con la fase experimental que comenzó hace poco más de un año en 21 centros penitenciarios, el Gobierno pone en marcha este mes de julio la extensión del programa al resto de cárceles de España.
Las 67 prisiones que existen en todo el territorio nacional, por lo tanto, contarán desde ahora con vigilantes de seguridad privada para llevar a cabo labores que hasta el momento eran función exclusiva de la Guardia Civil, como el control de la sala monitores o el de los accesos a los recintos penitenciarios.
La Dirección General de la Guardia Civil prevé que durante esta segunda fase se incorporen 600 vigilantes más al proyecto, que se unirán a los 200 que ya prestaban servicio en los 21 primeros centros. Los nuevos profesionales de la seguridad privada irán integrando las plantillas de las prisiones conforme vaya avanzando el presente mes y éstos superen un pequeño curso básico sobre el empleo que van a realizar.
Aun así, la mayor parte de la formación, explican fuentes del instituto armado, la realizarán los vigilantes mientras trabajan, ya que es en ese momento cuando aprenden los protocolos y tareas específicas propias de su nueva labor, cuando lo ven de los guardias que lo han realizado durante años. De hecho, tampoco en esta segunda fase retirará Interior a los funcionarios del instituto armado, precisamente con el fin de que éstos enseñen a los que un día les sustituirán.
Extensión a todos los centros
La segunda fase del plan, por lo tanto, consistirá en la extensión del proyecto a todas las cárceles del país, aunque aún no conllevará previsiblemente la reducción de la plantilla de guardias civiles, cuestión que quedaría para una tercera y última etapa, una vez que los vigilantes privados estén formados y habituados a su nuevo trabajo. Esa tercera fase se pondrá en marcha previsiblemente en julio del año que viene, una vez que se emita un nuevo informe positivo relativo a la segunda experiencia realizado por Guardia Civil, Policía e Instituciones Penitenciarias.
En esa última fase será cuando se produzca previsiblemente una reducción de plantilla en las unidades de la Guardia Civil dedicadas hasta el momento a controlar los accesos y las cámaras. El Ministerio del Interior se ha comprometido a que los agentes que actualmente llevan a cabo estas tareas pasarán a engrosar los departamentos de Conducción y Traslado de presos, labor que únicamente pueden realizar funcionarios del instituto armado.
Las asociaciones profesionales, sin embargo, no ven con buenos ojos esta solución a medias planteada por Interior, ya que no todos lo que actualmente controlan las prisiones caben en las unidades de Conducción y Traslado. Así al menos lo entienden desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que exigen al Ministerio un remedio al problema de cientos de funcionarios que desconocen cuál será su destino tanto profesional como personal.
AUGC ha conseguido arrancar a la Dirección General el compromiso verbal de que la cúpula de la Guardia Civil tratará de buscar un sitio a cada agente en la ciudad en la que actualmente se encuentre desempeñando su labor, aunque aún no hay nada claro al respecto.